Es preocupante la situación actual de la seguridad social y principalmente en lo referente a las pensiones y a su financiamiento; esto ha llevado a diversos estudiosos de la materia a plantear posibles soluciones. A continuación se presenta una propuesta por demás interesante formulada por el actuario Alejandro Emilio Hazas Sánchez, director del Seminario de Investigación en Pensiones y Seguridad Social, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El agravamiento de las crisis por las que atraviesa la seguridad social que han motivado, a su vez las de carácter fiscal y económico que afectan actualmente a diferentes países europeos, producidas principalmente por los altos costos de carácter creciente de las pensiones, los déficit crónicos de los servicios de atención de la salud y del desempleo, requieren de la aportación de nuevos planteamientos estructurales, tanto en las bases de financiamiento como en la estructura de las prestaciones y servicios, que propicien una mayor eficiencia, pero con menores costos.
Asimismo, un mejor aprovechamiento de los recursos monetarios de los que disponen las instituciones de la seguridad social, particularmente de sus fondos de reservas técnicas que se invierten en los mercados financieros, con tasas de interés pasivas, de baja rentabilidad y con tendencia sostenida a la disminución.
En tal virtud la proposición de base consiste en la reorientación de las inversiones de lo que podría denominarse el capital social, que excede las posibilidades de captación por los mercados financieros, debiendo canalizarse en gran parte a las deudas públicas de los gobiernos, que sólo se traducen en transferencias a los impuestos, como contribuciones indirectas que adicionalmente cubre la población a la seguridad social.
La posible solución a los problemas del financiamiento de las prestaciones y los servicios de la seguridad social, sería mediante el sistema de los Fondos de Cobertura (FC). Este tipo de sistema, cuando se aplica a largo plazos, en su modalidad más sencillas y de mayor seguridad, permite absorber y amortizar con costos significativamente menores, cualquier obligación o deuda.
Si las tasas de rendimiento a las que aumenta y se acumula el FC, son superiores a aquéllas con las que se incrementan las obligaciones, la reinversión continua de sus rendimientos da lugar a un proceso de crecimiento exponencial en el que, por sus efectos a largo plazo, produce enormes acumulaciones de recursos que fácilmente pueden absorber cualquier deuda u obligación.
Este principio de comportamiento exponencial, puede constituir un nuevo modelo de financiamiento de la seguridad social, que resuelva los graves desfinanciamientos que afectan a sus instituciones y también libere a los salarios de los gravámenes que representan las cuotas y aportaciones de los trabajadores, empresas y gobiernos, a la seguridad social, como se verá más adelante.
Para lograr establecer el sistema de financiamiento de los FC, se necesita prescindir de las inversiones tradicionales en los mercados financieros, que por lo que se refiere a la mayor proporción de las inversiones en renta fija, únicamente rinden tasas de interés pasivas y con tendencia sostenida a la baja, que ya no compensan el ritmo de crecimiento de las obligaciones.
De esta manera, para el funcionamiento de los FC, en forma sencilla, sólo se requiere reorientar las inversiones en forma directa, en proyectos de desarrollo nacional, que rindan tasas de retorno activas, las que serán de mayor nivel que las tasas pasivas de los mercados financieros.
Los proyectos de desarrollo nacional representan un amplio campo para estas inversiones, que pueden ser suficientemente rentables, tales como: la construcción de una red ferroviaria moderna; astilleros y transporte marítimo; instalaciones portuarias; energías renovables y electrificación etc., que generalmente no abarca la obra pública y, por sus dimensiones, en forma limitada o ninguna, por parte del capital privado.
Así, el capital social vendrá a llenar un vacío, que restringe e impide el más satisfactorio desarrollo de los países, principalmente de los emergentes.
Por otra parte, el capital social, no sustituirá ni limitará las inversiones del capital privado, pues los proyectos de desarrollo nacional actuarán como multiplicadores de la propia actividad económica, para la creación de nuevas empresas y el aumento del empleo, a cargo del capital privado.
Según los sencillos cálculos que pueden efectuarse, con los fondos acumulados en los sistemas públicos de pensiones, si se invirtieran en estos proyectos rentables a una tasa de retorno promedio del 15% anual, en pocos años podrían absorberse los déficit de la seguridad social y en un plazo de 10 o 15 años, ya no sería necesario que ningún sector aportara cuotas, ni los trabajadores, ni las empresas, ni el gobierno, pues los costos de las prestaciones y servicios se financiarían íntegramente con las utilidades que produzcan los FC de la seguridad social.
Al mismo tiempo, la seguridad social dejará de ser una carga difícilmente soportable para la economía y las empresas, que tendrán mayores utilidades y podrán pagar mejores salarios y además, se convertirá en uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, como lo prescribe la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y también, se podrá lograr lo que no se ha podido alcanzar en los más de 100 años que ha estado vigente la institución de la seguridad social, que es la cobertura universal de la población.
Finalmente, al dejar de ser un gravamen para las economías nacionales y, por el contrario, un poderoso medio para impulsarlas, se daría curso a un nuevo modelo de desarrollo integral, económico-social, y de los recursos humanos, lo que constituiría la nueva época de la seguridad social, con base en la nueva función del capital social, antes descrita, para la creación y funcionamiento de los FC.
Es necesario mencionar que conjuntamente con las medidas que propicien la nueva función del capital social, también deberán adoptarse y ponerse en práctica las necesarias para lograr la reducción de los altos costos de las pensiones y de los servicios de la atención de la salud, principalmente mediante acciones directas que mejoren los parámetros de la biología social, para la reducción de la morbilidad, la mortalidad, la invalidez e incapacidad y el aumento de las esperanzas de vida total y de vida activa y productiva.
