La Segunda Sala de la SCJN determinó que el artículo 121, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo (LFT) no transgrede las garantías constitucionales de igualdad, equidad, legalidad, previa audiencia, ni tampoco viola el derecho que los trabajadores tienen al reparto de utilidades de una empresa al establecer que la resolución dictada por la SHCP, en relación con el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración fiscal que presente el patrón a la propia Secretaría, no podrá ser recurrida por aquéllos.
Al negar el Amparo en Revisión 251/2012, promovido por un sindicato de carácter nacional, se consideró que si bien en la LFT se establece el procedimiento para salvaguardar el derecho de los trabajadores a la PTU, pudiendo formular ante la SHCP las objeciones que estimen convenientes, respecto de la declaración formulada por el patrón, también lo es que ello no implica que necesariamente se deba otorgar a los trabajadores la posibilidad de impugnar la determinación de la autoridad tributaria, tal como lo consigna la fracción III del citado artículo 121 de la Ley.
Esto es así, por que quien se encuentra legitimado para impugnar la determinación de la autoridad fiscal es el propio contribuyente (patrón), pues es su situación fiscal la que se está revisando, independientemente del impacto que tenga en la PTU.
Además, la autoridad tributaria persigue el mismo fin que los trabajadores, pues es claro que lo que se pretende por parte de ésta es aumentar la recaudación a través de una determinación de una mayor base gravable, y los trabajadores, desde luego, lo que pretenden es que esa base sea mayor para obtener una mayor PTU, que es en el punto en el que coincide el interés de los trabajadores y el del fisco federal, en oposición al interés del contribuyente quien evidentemente desea que se reduzca el monto de su obligación tributaria.
