Si México contara con una nueva normativa laboral, las empresas con más de 50 empleados tendrían que adecuar sus instalaciones para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad, situación que sería altamente favorable para la economía del país, consideró la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
“En manos de los propios legisladores está la posibilidad de propiciar mejores condiciones laborales y mayores remuneraciones para los trabajadores”, además de que con la reforma laboral también se beneficiarían los sectores más vulnerables del país, afirmó la secretaria del Trabajo Rosalinda Vélez Juárez.
La funcionaria consideró que México no ha perdido la oportunidad de modernizar su legislación laboral, sobre todo considerando que una eventual aprobación de esta reforma “traería como consecuencia inmediata un incremento significativo en el número de empleos formales y en la mejora de las condiciones laborales de las mujeres y jóvenes”, puntualizó.
La Secretaría del Trabajo también considera que las modificaciones normativas en esta materia podrían reflejarse positivamente en la productividad y competitividad de las empresas del país.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2000, en México había registradas 512,000 personas con alguna discapacidad en edad productiva; de ellas, el 75.3% no contaban con un empleo formal y el 34% vivían en pobreza extrema.
