La tan esperada presentación de la iniciativa de enmiendas a la Ley Federal del Trabajo por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cual se vislumbraba como el inicio de posible aprobación de una modificación integral de este cuerpo normativo, quedó nuevamente en el tintero, porque dicho partido inexplicablemente decidió “bajar” la iniciativa de la orden del día en la última sesión de 2010 de la Cámara de Diputados.
Si bien algunos sectores esperaban lo que denominaron una reforma light, no se perdía la esperanza de que se alcanzaran acuerdos que permitieran modernizar en forma general el marco jurídico laboral mexicano. Lamentablemente las diferencias existentes, incluso al interior de las propias bancadas partidistas del Congreso de la Unión, hacen imposibles llegar a consensos que destraben las negociaciones.
Aunque varios legisladores del PRI han manifestado que a inicios de este año, específicamente en febrero por fin se presente la iniciativa de referencia, el ambiente preelectoral que se vivirá hace poco factible cumplir esta nueva promesa, pues nadie estará dispuesto a asumir el costo político que pudiese derivar de las modificaciones a la LFT y de la posible afectación de los intereses mezquinos de algunos sectores sociales, obreros, sindicales, económicos y políticos.
Mientras los congresistas se desagarran las vestiduras para conservar sus cotos de poder y se encargan de complicar lo simple y de hacer de lo difícil una misión imposible, el país mantiene un rumbo errático en su economía y muchas personas a quienes representan están desempleadas, subempleadas, o contratadas bajo condiciones totalmente alejadas de lo que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera un trabajo decente.
Por todo lo anterior, ahora que se acercan las elecciones, es tiempo de pensar más que en un voto de castigo, en un voto reflexivo para que aquél que sea beneficiado con las preferencias del electorado se le exija que cumpla con su sagrada labor o en caso contrario presente su renuncia.
