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Fecha de publicación: 2009-10-16

Juicio de amparo, también digital

Se busca que este medio de defensa se pueda interponer con el apoyo de medios digitales lo cual agilizará la impartición de justicia

El 3 de septiembre de 2009, el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una iniciativa que tiene por objeto simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. 

Los avances tecnológicos han facilitado a los usuarios el envío, manejo, recepción y control de la información que es de su interés. En México existen muchas instancias, tanto del sector público como del privado, que ya utilizan diversos medios electrónicos, y cuya aplicación ha simplificado el desarrollo de sus actividades. 

Uno de estos medios tecnológicos es la llamada firma electrónica, utilizada en cuestiones bancarias, fiscales, comerciales, e informáticas, con gran aceptación por la seguridad que brinda a los usuarios. La regulación de estos medios electrónicos, se ha realizado conforme ha ido avanzando su utilización. 

La impartición de justicia tampoco ha permanecido ajena a los procesos tecnológicos en el manejo de la información. Por un lado, la sistematización de la información jurídica ha permitido una más amplia difusión de los alcances de las sentencias que conforman tesis y criterios jurisprudenciales de los órganos jurisdiccionales y por otra parte, se ha contado con herramientas que han permitido avanzar hacia una impartición de justicia más expedita. 

Nuestra Constitución consagra como una garantía individual el derecho de toda persona a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. Si los tribunales emiten sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial preservan el ejercicio del derecho a una justicia pronta, expedita e imparcial, con lo cual se contribuya al continuo desarrollo de nuestro país. 

No obstante, existen rezagos en el número de asuntos que deben atender los Tribunales, tal y como fue reportado en el Informe Anual de Labores 2008 de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal al 14 de noviembre de 2008:

Juzgados de Distrito

Tribunales Unitarios

Tribunales Colegiados de Circuito

Total

Número de tribunales en función

322

75

188

           585

Carga total de trabajo

523,486.00

 55,202.00

   324,933.00

 903,621.00

Asuntos resueltos

423,368.00

 46,983.00

   261,827.00

 732,178.00

Asuntos por resolver

100,118.00

   8,000.00

     63,106.00

171,224.00

Para eliminar estos rezagos es necesario implementar mecanismos que permitan el fácil acceso de las partes a la consulta y promoción de actuaciones, la consulta de acuerdos de los órganos jurisdiccionales y el ejercicio de diligencias y otras actuaciones. 

De los resultados de la "Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano" organizada en 2003 por la SCJN se concluye que los órganos jurisdiccionales requieren emprender un proceso de modernización en el que se consideren cuando menos: 

  • permitir como instrumentos jurídico-procesales las aplicaciones de mensajes de datos, Firma Electrónica Avanzada y la conservación por medios electrónicos de la información generada, comunicada y archivada mediante medios ópticos, electrónicos o cualquier otra tecnología equivalente.
  • convertir la información contenida en papel a medios virtuales, para un manejo de la información más ágil.
  • analizar la posibilidad de que el correo electrónico pueda utilizarse como medio válido para la remisión de correspondencia oficial entre órganos del Poder Judicial de la Federación.
  • promover la utilización de la firma electrónica para permitir la consulta de expedientes, tomando como antecedente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se encuentra en operación desde 2001. 

Inclusión de la Firma Electrónica a través de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal

Uno de los ejemplos de las nuevas exigencias en torno a la impartición de justicia es el caso del alto número de demandas recibidas. Por lo que respecta a la expedición de la Ley del ISSSTE, durante 2007 se recibieron aproximadamente 169,000 demandas de amparo, mientras que en contra de la aplicación del IETU fue un aproximado de 30,172. Sin embargo, para el primer semestre de 2008. la recepción de demandas contra el IETU se incrementó cuantiosamente ya que fueron notificados un total de 314,155 documentos. 

La presentación masiva de demandas de amparo colapsó los procesos de recepción y atención oportuna, generándose como consecuencia, el aumento de recursos materiales y humanos. Esta situación obligó al Consejo de la Judicatura Federal, a tomar medidas inmediatas para hacer frente a esa extraordinaria carga de trabajo, para lo cual expidió varios acuerdos para: 

  • establecer el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE)
  • notificar la sentencia y recibir recursos por medio electrónico con utilización de la FESE 

Este tipo de medidas permiten agilizar trámites, por lo que pueden aplicarse al juicio de amparo, ya que la utilización de la firma electrónica permitirá una comunicación constante entre el juzgador y quienes solicitan el amparo y protección de la justicia de la Unión, sin importar el día, la hora y el lugar, aunado a que los tiempos para la emisión de sentencia se reducen considerablemente. 

El uso de la Firma electrónica coadyuvará a la mejor y más pronta implementación de políticas públicas dirigidas a la conservación y preservación del medio ambiente, particularmente el ahorro y utilización de papel.

Además de los beneficios jurídicos, ecológicos y económicos que representa la utilización de la firma electrónica, su inclusión en la Ley de Amparo permitirá que dichos beneficios se incrementen, ya que puede preverse que la forma del litigio en nuestro país se orientará cada vez más a la utilización de medios electrónicos, empleándose cada vez menos, los mecanismos tradicionales de uso del papel.

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