Buscan erradicar publicidad engañosa

Diputados aprobaron reformas del artículo 32 de la Ley de Protección al Consumidor en materia de publicidad engañosa

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 (Foto: Gettyimages)  (Foto: Redacción)

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad dos dictámenes que reforman el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad difundida con certificaciones realizadas por profesionales o sociedades, pero carentes de documentación.

Una de las modificaciones se refiere a que se debe establecer que la información publicitada sea veraz, comprobable y la Profeco analizará y verificará su cumplimiento; mientras que el segundo dictamen prohíbe incluir en la publicidad de un producto toda leyenda o información que indique que fueron “avalados, aprobados, recomendados o certificados” por sociedades o asociaciones profesionales, pero que carezcan de la documentación científica fehaciente.

Al respecto, el priista Jorge Enrique Dávila Flores, explicó que la reforma permitirá que los consumidores conozcan los beneficios reales de un producto, así como acotar el mecanismo de promoción de los productos y evitar el abuso de avales -por sociedades e individuos-, pues la problemática radica en el soporte de las cualidades del bien con riesgo de que esta sea engañosa.

En ese sentido, expuso que la Profeco podrá verificar la información o publicidad con la documentación que compruebe su mención.

Por su parte, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral aseguró que la publicidad es una herramienta para incrementar las ventas, “también es nuestra obligación regular la publicidad para evitar prácticas engañosas y abusivas que lesionen la integridad física, económica y moral de los consumidores”.

En ese tenor, el diputado Carlos Lomelí Bolaños se pronunció a favor de las reformas, pues generan reglas para el pago de comisiones y el pago de los productos o servicios con precios ciertos.

La legisladora Lorena Corona Valdés calificó como benéfico que la Profeco cuente con mayores facultades que favorecerán la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.