Por Aglaé Ordoñez
Los cambios previstos para la Ley de Ahorro y Crédito Popular, conocida como Ley Ficrea, generaron gran controversia tanto en el mercado de intermediarios financieros como en la opinión pública, debido a que prevé la desaparición de algunas figuras del sector, la limitación de los montos de los ahorros y el rescate de los ahorradores de Ficrea.
No obstante, fue aprobada tanto en lo general como en lo particular por el Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo que fue turnado al Senado para su discusión y aprobación.
Al respecto, la Ley Ficrea resulta controvertida por contener disposiciones que buscan:
- eliminar a las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos), otorgándoles un plazo transitorio (hasta el 31 de julio de 2016) para solicitar a la CNBV una autorización para operar como Financiera Popular (Sofipo).
Esta disposición generó descontento, pues las Sofincos fueron creadas hace apenas dos años con la finalidad de acercar el ahorro y crédito a las poblaciones más apartadas o marginadas. Entonces, al desaparecer a dichas entidades se privaría de estos servicios a comunidades rurales y campesinas que no tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de financiamiento.
Aunado a ello, es prácticamente imposible que las Sofincos aprovechen el plazo transitorio para obtener la autorización para operar como financieras populares, ya que no cuentan ni con la capacidad económica ni administrativa
- topar el ahorro permitido dentro de las Sofipos, estableciendo un límite de 200,000 UDIS para personas físicas y de 1´000,000 para las morales.
En opinión de los diversos participantes del sector, se sostiene que limitar la captación de recursos de los ahorradores significaría un retroceso para el mercado, pues dichas financieras contarían con menores recursos; por ende, reducirían el número de créditos otorgados, aunado al incremento de las tasas de interés en función al aumento del costo del fondeo ante la disminución de los montos provenientes de sus ahorradores
- la supresión de las Federaciones en su carácter de agrupaciones encargadas de la supervisión auxiliar de las SOFIPOS, para que la CNBV realice una supervisión directa y sin intermediarios de tales sociedades. Asimismo, la autorización para operar como SOFIPO será otorgada discrecionalmente por la CNBV, quitando el requisito del dictamen favorable de tales organismos
- la creación de un fideicomiso denominado Fondo de Ahorro Popular para la administración del seguro de depósitos y extinguir el fondo de protección de SOFIPOS y de protección a sus ahorradores
- el rescate de los ahorradores defraudados por Ficrea mediante la utilización de fondos públicos. Esta disposición está prevista en los artículos transitorios (segundo, fracc. X) y prescribe que se creará un fondo denominado Fondo para la Atención de Pequeños Ahorradores de Sofipos, a través del cual se cubrirá el principal y los accesorios de los ahorros de las personas físicas que hubiesen sido depositados en financieras populares que hasta antes de la entrada en vigor del Decreto en comento hubiesen sido revocadas por entrar en estado de disolución y liquidación, como en el caso de Ficrea, hasta por un un millón de pesos.
Para acceder a dicho beneficio, los ahorradores acreditarán haber presentado la solicitud del pago del seguro de depósito, así como no reservarse acción ni derecho alguno, e incluso desistirse de las acciones ya iniciadas, en contra del fondo, de la sofipo en liquidación, o del gobierno federal.
Aunado a lo anterior, cederán al fondo de rescate todos los derechos de cobro que tuvieren.
