México (Notimex).- Representantes de sociedades financieras campesinas y sociales pidieron a las cámaras de Diputados y Senadores detener la aprobación de la llamada "Ley Ficrea", ya que consideran que es un "golpe bajo" para el sector de ahorro y crédito popular.
Afirmaron que la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular pondría en riesgo de desaparición a otras figuras que atienden a la población que menos acceso reporta a servicios financieros.
Además lamentaron que con la intención de solucionar y evitar que se repita el fraude a unos 6,000 ahorradores de la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea, el proyecto de Ley afecte de esta manera a unas 400,000 personas campesinas e indígenas.
De acuerdo con la directora general de la Asociación Mexicana Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Isabel Cruz Hernández, la Ley Ficrea es un conjunto de reformas a cuatro leyes del sector de ahorro y crédito popular.
Mediante los cambios propuestos desaparecen las figuras de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) y sus Organismos de Integración Financiera Rural (OIFR), así como de los organismos de supervisión auxiliar de las Sofipos y se desmantela el de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps).
De igual forma, desaparecerá la figura de Cooperativa Básica y Sofinco Básica, con lo que se limitará el derecho humano de que los campesinos e indígenas para que organicen su forma de acceder a servicios financieros.
Recordó que la iniciativa de Ley se presentó el martes 14 de abril, y de manera sorpresiva fue dictaminada y aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y al día siguiente se pretendía aprobarla y enviarla al Senado.
Asimismo, resaltó que con la movilización de las organizaciones campesinas y del sector de ahorro y crédito popular se logró que se pospusiera su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados para el próximo martes.
Por ello, las organizaciones financieras campesinas y sociales solicitan a los legisladores detener la aprobación de la Ley y regresarla al análisis y dictaminación, además de que abran un espacio de diálogo con el sector de ahorro y crédito popular, cuyo marco legal es perfectible.
También demandan reinsertan en el marco regulado las figuras financieras que atienden al campo que pretenden desaparecerse con la Ley Ficrea, y se establezcan mecanismos de fomento a través de la banca de desarrollo para fomentar estos organismos en el medio rural.
El presidente del Consejo de Administración de la primera sofinco autorizada, Sistema de Microbanca Rural (SMB Rural), Urbino Martínez Ortiz, consideró que la Ley Ficrea es un nuevo atropello en contra de los pobres, indígenas y del país.
Además, se afecta a los de mexicanos migrantes que envían millones de dólares en remesas a sus familias, lo que podría paralizar el envío de estos recursos sobre todo a las zonas rurales.
