México (Notimex).- La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es perfectible y la Cámara de Diputados está dispuesta a revisarla, aseguró el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Damián Zepeda Vidales.
En tanto, representantes de las industrias inmobiliaria, de la construcción, joyera y automotriz consideraron que esta legislación debe replantearse, pues contiene lagunas que permiten el lavado de dinero, además de otras disposiciones que –en su opinión- perjudican a la economía del país.
En el marco de un foro de análisis sobre la implementación de esta ley, Zepeda Vidales, legislador del PAN, recordó que la norma fue considerada como un instrumento para atender el creciente blanqueo de activos.
Así mismo, la normativa pretendía fortalecer el Estado de derecho, ya que ese delito está ligado con actividades del crimen organizado.
Esa actividad, alertó, puede deteriorar la integridad de las instituciones y el sistema financiero, así como obstaculizar el crecimiento económico, afectar la competitividad de México y desalentar la inversión local y extranjera.
El diputado sostuvo que la Cámara baja está abierta para escuchar los puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad, y en particular de aquellos a quienes les impactan las decisiones del poder Legislativo.
De lo que se trata, dijo, es de construir mejores leyes para el país, toda vez que existe la apertura a fortalecer la legislación vigente, pues toda norma es perfectible.
De su lado, Martha Ramírez Gallegos, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarias; Fernando Abusaid Quinard, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda; y Fernando Soto-Hay Pintado, director general de Tu Hipoteca Fácil, coincidieron en que la ley es necesaria.
Sin embargo, opinaron que su aplicación ha perjudicado al sector desarrollador e hipotecario, así como a los propios ciudadanos, pues adquirir una vivienda con valor superior a 590,000 pesos es considerado como una actividad vulnerable.
“No todos los mexicanos lavamos dinero. No todos hacemos cosas que vayan en contra de la ley. No todos vendemos una casa con lucro”, dijeron, por lo que la aplicación generalizada de la ley contra el lavado de dinero afecta al sector inmobiliario.
Muchos ciudadanos no cambian o no venden sus casas por miedo a esas reformas. Creemos que las reformas son buenas, y estamos de acuerdo en que son necesarias, pero no coincidimos con la forma en la que se aplica, aseveraron.
Adolfo Vélez Muñoz, presidente de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Casas de Empeño, destacó que se debe revisar la ley para corregir fallas que permitan el blanqueo de activos.
En el país, precisó, existen siete mil casas de empeño, de las que sólo 4,500 se encuentran regularizadas y cumplen con sus obligaciones, pero hay otras 3,000 que se mueven en la informalidad y que, con prestamistas y agiotistas, tienen amplitud para lavar dinero, pues no son sujetos de la ley en la materia.
“El lavado de dinero proviene de parte de los prestamistas irregulares. Aplaudimos la ley antilavado pero creemos que el camino para trabajar es con las casas de empeño, con los prestamistas y agiotistas clandestinos”, subrayó.
Por su parte, Miguel Cotero Ochoa, presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería de Jalisco, y Gonzalo Enrique Villarreal Salas, representante del sector joyero mexicano, coincidieron en que la legislación antilavado contiene una regulación que ha afectado a esa industria.
“Somos para esta ley una actividad vulnerable. Con su aplicación se ha inhibido la producción joyera, lo que ha generado un alto porcentaje de desempleo; la caída de las exportaciones y la pérdida de clientes internacionales nos pone fuera de la competitividad mundial”, sostuvieron.
Entre sus propuestas, planteó Cotero Ochoa, están exceptuar la identificación y el aviso de clientes, elevar los umbrales en montos de identificación y aviso; eliminar la obligación de presentar notificaciones y reportes, así como simplificar requisitos de identificación de comercio exterior, entre otros.
A su vez, Villarreal Salas señaló que los ingresos de la industria joyera cayeron en poco más de 1,200 millones de pesos a partir de la entrada en vigor de la legislación.
