Hasta el octavo mes del año cerraron o suspendieron operaciones alrededor de 2,000 micro, pequeñas y medianas empresas formalmente establecidas en el Distrito Federal.
Con esto se perdieron cerca de 5,000 empleos por mes, debido a que los trámites y permisos que se les exigen para operar son cada vez más rigurosos, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana de la ciudad de México (Coparmex).
“A las empresas pequeñas se les obliga a cumplir muchas veces con los trámites que deben cumplir las compañías grandes y las pymes no cuentan con un grupo de abogados para resolverlo”, dijo el presidente del organismo del DF, José Luis Beato.
Los motivos de inspección de las empresas están relacionados con denuncias ciudadanas, de los empleados o a una labor constante de vigilancia de la autoridad, explicó.
En lo que respecta al Instituto de Verificación Administrativa del DF (Invea), como parte de su programa de prevención de venta de alcohol en zonas escolares, en agosto suspendió a 24 negocios de venta de cerveza conocidos como chelerías en seis delegaciones.
Tanto el InveaDF como las secretarías del Trabajo, Protección Civil, Ecología y Salubridad, están facultadas para realizar el cierre de los establecimientos, pero al mismo tiempo tienen la obligación de informar a los dueños de los negocios sobre las razones del cierre.
“Para que no se preste a extorsiones de las autoridades, éstas deben identificarse con el propietario del lugar, mostrándoles una identificación, la orden de inspección y proporcionándole un teléfono donde pueda llamar para constatar que se trata de una inspección enviada por la autoridad”, explicó el abogado laboral José Alfredo De la Rosa.
En una inspección ordinaria de la STPS, se le debe informar al propietario del establecimiento con 24 horas de anticipación que se hará una revisión de los documentos e instalaciones del negocio para revisar en qué condiciones están laborando sus empleados, detalló el especialista.
Y en una inspección extraordinaria, cuando la visita no es informada con antelación, las autoridades pueden cerrar la empresa ese mismo día si detectan anomalías.
En ese sentido, el representante de la Coparmex aceptó que los cierres tienen una justificación normativa, pero consideró que es “exagerado” que a los negocios les pongan sellos de clausura porque les hace falta una señalización, un letrero o por considerar que el piso es resbaloso.
Asimismo, afirmó que las consecuencias de los cierres son graves para las empresas, debido a que significan la pérdida de empleados, clientes, proveedores e inventario.
Los comercios dependiendo su giro o sector, están obligados a cumplir con normas y ordenamientos federales y locales, según el lugar donde se ubiquen, debido a que no existen reglas homogéneas para la operación de los negocios.
La Coparmex sugiere que se capaciten mejor a los inspectores y que delimiten sus funciones. Mientas que las empresas deberán estar al corriente de los trámites y permisos necesarios para prever la suspensión de sus actividades.
Con información de CNN Expansión
