Peña promulga Código de Procedimientos Penales

Se busca enmendar las fallas y la impunidad que enfrenta el actual sistema

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 -  (Foto: Redacción)

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este martes el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene elementos para combatir la corrupción, la opacidad y abatir la injusticia en el sistema penal vigente.

El mandatario además anunció que enviará al Congreso una iniciativa de ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Este nuevo ordenamiento busca enmendar las fallas y la impunidad que enfrenta el actual sistema, así como unificar los procedimientos en todo el país, apuntó Peña Nieto.

De esta forma, "todos los procesos penales se llevarán a cabo bajo las mismas reglas, fortaleciendo así la solidez de nuestro Estado de derecho. Estamos frente a un ordenamiento jurídico que tiene, como factores centrales: la protección de la víctima; el respeto a sus derechos; la presunción de inocencia; la reparación del daño y el respeto al debido proceso", agregó.

Debido a que se requiere de la adecuación de diversas estructuras, tanto normativas, organizacionales, de personal y equipamiento, lo cual depende del fuero y la territorialidad de cada entidad, la entrada en vigor de este Código será gradual, aunque no deberá exceder del 18 de junio de 2016.

El Código establece nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulación de juicios orales, los cuales se llevarán a cabo en audiencias públicas para que tanto las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas.

Esta legislación también introduce el uso de las nuevas tecnologías en los expedientes, además de que permite videoconferencias en tiempo real u otras formas de comunicación para la recepción y transmisión de pruebas. De hecho, la grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros del proceso.

La norma, que fue aprobada en definitiva por la Cámara de Diputados el pasado 6 de febrero, establece que se entregará una copia a la defensa de todos los documentos que integran la carpeta de investigación, así como fotografías, videos, grabaciones de voz, informes y pruebas periciales.

Así mismo, acota la prisión preventiva, amplía las medidas cautelares para los acusados de algún delito, establece la presunción de inocencia de los imputados, y permite que estos y las víctimas pacten acuerdos antes de que se dicte la sentencia.

Considera que la prisión preventiva “será de carácter excepcional”, por lo que quienes estén sujetos a un proceso penal no necesariamente tendrán que permanecer en prisión hasta la conclusión del juicio, tal y como sucede hoy en día.

No obstante, permite la “prisión preventiva oficiosa” en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, lo que implica que el acusado deberá enfrentar el juicio en prisión.

A su vez, como soluciones alternas a los procesos penales se contempla el acuerdo reparatorio (sic) entre el acusado y la víctima, siempre que se trate de delitos imprudenciales o patrimoniales, o de aquellos que se persigan por querella.