La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, suspendió una orden del juez trigésimo segundo de lo civil en el Distrito Federal, la cual señalaba que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) carecía de competencia para resolver sobre la retransmisión gratuita de señales abiertas en sistemas de televisión de paga.
La suspensión fue otorgada tras la admisión de una controversia constitucional interpuesta en la Corte por el Poder Ejecutivo en contra de la determinación del juez capitalino, que intentaba impedir la actuación del IFT.
Ese juzgador “deberá abstenerse de realizar cualquier pronunciamiento o acto que implique desconocer las facultades que en materia de telecomunicaciones tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones por mandato directo y expreso de la Constitución federal”, señala el documento emitido por la SCJN.
La suspensión, que fue concedida de oficio por la ministra Sánchez Cordero, paraliza “los efectos y consecuencias” de la orden emitida por el juez trigésimo segundo de los civil del Distrito Federal, por lo que esa resolución no debe ser acatada por el IFT.
El jueves pasado la presidencia de la República presentó una controversia constitucional a fin de que la Corte confirme las facultades del IFT sobre el must carry y must offer, que define la obligación y derecho para que servicios restringidos retransmitan señales de televisión abierta.
La decisión del Ejecutivo se dio luego de que el miércoles el IFT aplazara la resolución de los lineamientos generales sobre la gratuidad de la retransmisión, a raíz de que el juez capitalino cuestionara al organismo regulador tras un juicio iniciado por Televisa contra Dish.
“Lo que estamos informando es una controversia constitucional contra la resolución de un juez local, que desde nuestro punto de vista no tiene facultades para involucrase en temas federales”, dijo el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez.
Con la suspensión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede ejercer sus atribuciones constitucionales, sin perjuicio de que la controversia constitucional siga su trámite hasta que la SCJN dicte la sentencia respectiva.
El año pasado entró en vigor la reforma en telecomunicaciones, pero aún quedan pendientes sus leyes secundarias, las cuales se espera que sean aprobadas en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso que concluye el 30 de abril próximo.
