La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene elementos para combatir la corrupción, la opacidad y abatir la injusticia en el sistema penal vigente.
Con este instrumento, que fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación, se busca enmendar las fallas y la impunidad que enfrenta el actual sistema, así como unificar los procedimientos en todo el país, detalló la Cámara baja en un comunicado.
De igual forma, el nuevo Código intenta “evitar espacios de impunidad argumentando situación de territorialidad o ámbitos de aplicación, y salvaguardar los derechos de todos los mexicanos”.
En el dictamen se precisa que el propósito es cumplir con el mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008 y transitar de un sistema de justicia inquisitorio a un modelo de corte acusatorio adversarial, en el que los juicios deberán ser orales.
Debido a que se requiere de la adecuación de diversas estructuras, tanto normativas, organizacionales, de personal y equipamiento, lo cual depende del fuero y la territorialidad de cada entidad, la entrada en vigor de este Código será gradual, aunque no deberá exceder del 18 de junio de 2016.
El Código establece nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulación de juicios orales, los cuales se llevarán a cabo en audiencias públicas para que tanto las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas.
Esta legislación también introduce el uso de las nuevas tecnologías en los expedientes, además de que permite videoconferencias en tiempo real u otras formas de comunicación para la recepción y transmisión de pruebas. De hecho, la grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros del proceso.
La norma, que fue aprobada previamente a finales de 2013 por la Cámara de Senadores, establece que se entregará una copia a la defensa de todos los documentos que integran la carpeta de investigación, así como fotografías, videos, grabaciones de voz, informes y pruebas periciales.
Así mismo, acota la prisión preventiva, amplía las medidas cautelares para los acusados de algún delito, establece la presunción de inocencia de los imputados, y permite que estos y las víctimas pacten acuerdos antes de que se dicte la sentencia.
Considera que la prisión preventiva “será de carácter excepcional”, por lo que quienes estén sujetos a un proceso penal no necesariamente tendrán que permanecer en prisión hasta la conclusión del juicio, tal y como sucede hoy en día.
No obstante, permite la “prisión preventiva oficiosa” en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, lo que implica que el acusado deberá enfrentar el juicio en prisión.
A su vez, como soluciones alternas a los procesos penales se contempla el acuerdo reparatorio (sic) entre el acusado y la víctima, siempre que se trate de delitos imprudenciales o patrimoniales, o de aquellos que se persigan por querella.
