Por Mauricio Torres
Una propuesta de reforma para obligar al Estado a garantizar a los mexicanos el acceso a Internet se convirtió este mes en la primera iniciativa ciudadana que llega al Congreso de la Unión, donde sus promotores exigen sea revisada “con la misma seriedad” con la que son analizados los documentos presentados por legisladores.
Difundido con el nombre de #InternetParaTodos, el planteamiento fue presentado la semana pasada al Senado, instancia que envió el proyecto a comisiones para que sea dictaminado.
El documento cuenta con el respaldo de más de 127,000 personas, cantidad mayor que la que se necesitaba, pues con la reforma política de 2012 se estableció en la Constitución que las iniciativas ciudadanas requieren el apoyo de al menos el 0.13% de la lista nominal de electores, lo que equivale a alrededor de 104,000 mexicanos.
La recolección de firmas duró aproximadamente un mes —a través de campañas en redes sociales o de la instalación de mesas en lugares públicos—, pero el diseño de la propuesta comenzó hace más de dos años, según el activista Óscar Mondragón, uno de sus promotores.
Después de comentar la idea con otros activistas con conocimientos en diferentes áreas, conformaron un grupo que inició la redacción de una propuesta de ley.
Uno de los argumentos legales en los que basaron el documento fue la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de declarar el acceso a internet como un derecho humano, señaló la abogada Paola Migoya, otra de las promotoras de #InternetParaTodos.
“Hoy la inequidad es real. Hoy quien tiene acceso a internet y quien no lo tiene es casi una cuestión de discriminación, que tengas menos oportunidades. Tienes una brecha de inequidad real”, dijo Migoya.
Cuando la propuesta quedó terminada y entró en vigor la figura de la iniciativa ciudadana, los activistas lograron comentar el tema con algunos legisladores.
La propuesta de #InternetParaTodos plantea modificar el artículo sexto constitucional para establecer el acceso a internet como un derecho de todos los ciudadanos —como la educación, la libre expresión o la libertad de asociación—, así como promulgar una ley reglamentaria.
El documento señala que sería obligación del Estado garantizar ese derecho a través de su infraestructura pública.
Cabe destacar que la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, presentada el pasado lunes por el presidente Enrique Peña Nieto y los miembros del Pacto por México, contempla incluir en el artículo sexto constitucional un párrafo en el que –explícitamente- se admite que el Estado debe garantizar a la población el acceso a las tecnologías de la información, incluyendo la banda ancha de Internet.
Con información de CNN México
