El Congreso mexicano publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, tras de que el presidente Enrique Peña Nieto se desistió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una controversia constitucional entablada en contra de la norma por el anterior mandatario Felipe Calderón.
El ex presidente se había negado a promulgar la ley en 2012 bajo el argumento de que necesitaba ser modificada por el Congreso, porque no elevaba a rango constitucional la responsabilidad de los estados y los municipios para atender a las víctimas de la violencia.
Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto consideró que la norma era adecuada, aunque “perfectible”, por lo que se desistió de la controversia constitucional interpuesta por Calderón en julio de 2012.
Ante ello, el Congreso ordenó la publicación de la norma en el DOF, la cual -aún sin ser refrendada por el presidente del país- se reputa aprobada por el poder Ejecutivo de acuerdo con el apartado B del artículo 72 de la Constitución mexicana.
La ley —que entrará en vigor dentro de 30 días— establece la obligación del Estado de brindar apoyo económico y protección a las víctimas de la violencia y a sus familiares con una compensación de hasta 900,000 pesos. Además, contempla la creación de un Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas.
Más tarde, en un acto protocolario en el que el presidente Enrique Peña Nieto manifestó su acuerdo con la publicación de la ley, el mandatario dijo que los afectados por la lucha contra el crimen tendrán garantizados sus derechos constitucionales.
Aseguró que este es un modelo jurídico innovador que pone a la persona y sus derechos como una prioridad. “El Estado debe estar al lado de las víctimas y sus familiares, detrás de cada delito hay una historia de dolor”, afirmó.
Peña Nieto anunció la creación del sistema nacional de victimas y un órgano de asesoría jurídica para representar y defenderlas.
Con información de CNN México
