En México la corrupción constituye “un flagelo que provoca desvío de recursos públicos con fines privados, falta de respeto a las normas establecidas, y confrontación entre quienes deciden cumplir la ley y los que viven al margen de ella”, considera Daniel Márquez Gómez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La impunidad es una de las principales consecuencias de la corrupción, lo que genera desconfianza hacia el aparato de administración y procuración de justicia en el país, además de rechazo a la institucionalidad, apunta el especialista.
Lamentablemente, explica, “desde niños a los mexicanos se les educa en la mentira para eludir responsabilidades y así, en la vida adulta, recurren a prácticas como el pago de contraprestaciones ilícitas (mordidas) para evitar sanciones al violar normas de tránsito”.
El problema es que éstas se vuelven “conductas endémicas”, a veces impulsadas desde la misma institucionalidad. De acuerdo con mediciones internacionales las familias mexicanas “dedican entre 70 y 170 pesos por día a prácticas corruptas”.
El problema no estriba en el diseño normativo o en los organismos dedicados a combatirla, sino en ideas heredadas desde hace siglos. “Existen condiciones que favorecen la presencia de estas conductas”, argumenta Márquez Gómez.
El investigador considera que en el combate a la corrupción e impunidad se olvidó la importancia del enfoque preventivo, toda vez que “la impunidad la podemos advertir desde el hogar, en la vida cotidiana y en el proceder de funcionarios que utilizan los recursos a su disposición para su beneficio, sin ser sancionados”.
De su lado, José Antonio Álvarez León, especialista en derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán agrega que “la corrupción es un fenómeno que no está enraizado en un solo lugar, básicamente se gesta en términos formales en la práctica gubernamental, que se ejerce a través del sistema de justicia”.
Los académicos coinciden que uno de los problemas de las estrategias para combatir estas prácticas es su carácter reactivo, ya que sólo se enfrentan a través de leyes o la creación de instituciones como secretarías, contralorías, fiscalías especializadas, pero no a nivel ciudadano.
