Para la mayoría de la población existe la percepción de que la contratación pública, entendida como la selección y celebración de acuerdos del Estado con sus proveedores de bienes y servicios, así como con sus contratistas de obras públicas y servicios relacionados con esta última, sufre de un grave mal: las prácticas indebidas de los actores que la realizan (gobierno y particulares), caracterizándola en términos generales como una actividad llena de vicios y corruptelas.

No es coincidencia que las noticias “candentes” de la prensa estén relacionadas con contratos de gobierno en los que, entre otros, existen colusiones entre funcionarios y particulares, compras excesivamente cuantiosas por bienes simples, así como dádivas y beneficios extraordinarios de funcionarios a los particulares.

Es por eso que el Ejecutivo Federal propuso la iniciativa de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP) desde hace aproximadamente dos años, misma que finalmente se firmó como decreto el pasado 8 de junio del 2012 y se publicó el 11 del mismo mes y año.