El Congreso mexicano “es quien tiene que modificar o eliminar” las normas que han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró el ministro Sergio Valls Hernández, presidente de la Segunda Sala de la Corte.
“En la dinámica jurídica institucional que actualmente vive México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina qué normas no cumplen con el estándar de constitucionalidad y, por tanto, ya no deben aplicarse”, explicó el Valls en un comunicado.
Posteriormente, añadió el Ministro, es el Congreso de la Unión “quien tiene que modificar o eliminar” dichas normas.
“Con sus fallos (determinaciones), el Alto Tribunal es garante de la eficacia y fuerza de la Constitución”, de hecho, las resoluciones de la SCJN “son una guía para el trabajo del Congreso de la Unión, ya que apoyándose en los criterios del alto Tribunal, diputados y senadores pueden reformar o promulgar normas jurídicas acordes a la Constitución”.
Prueba de lo anterior, dijo el Ministro Valls Hernández, es que a principios de este año el Poder Legislativo reformó la Ley del Infonavit, en su artículo octavo transitorio, luego de que la Suprema Corte declarara su inconstitucionalidad, al resolver diversos amparos.
