El gobierno federal ha inhabilitado y destituido a 7,559 servidores públicos, de los cuales 600 eran de alto nivel, en tanto que han sido acusados por actos de corrupción 1,884 funcionarios y 888 particulares, de acuerdo con información proporcionada a la Cámara de Diputados por la Secretaría de la Función Pública.
“En lo que va del sexenio del presidente [Felipe] Calderón, se han interpuesto 400 denuncias penales contra servidores públicos y particulares involucrados en actos de corrupción, lo que representa 88 denuncias más que en 23 años anteriores”, detalló a los legisladores Rafael Morgan Ríos, secretario de la Función Pública.
En las 400 denuncias referidas se han visto involucrados 1,884 servidores públicos y 888 particulares, “acto que no tiene precedente”, agregó el funcionario, de acuerdo con un comunicado de la Cámara baja.
De igual forma, han sido sancionados económicamente 3,629 servidores, quienes resultaron responsables “de daño patrimonial causado a diversas instituciones federales”.
También se impusieron 1,802 sanciones administrativas a empresas que cometieron actos irregulares, “y con esto fomentaron actos de corrupción, dañando la economía del país”.
Según Morgan Ríos, el 91% de las resoluciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública “quedan firmes, por lo que mantienen fuerza jurídica que deriva en sanciones”.
En marzo pasado, de manera unánime, la Cámara de Senadores aprobó la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, entidad que combatirá ese delito y otros, como el lavado de dinero.
