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Constitucional tope de salarios caídos y el reto del proceso penal acusatorio
La Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer en su página de Internet:
- que es constitucional la disposición de la LFT que prevé el límite de 12 meses para el pago de salarios caídos en caso de despido injustificado de un trabajador, así como el deber de cubrir intereses sobre el importe de 15 meses de salario del 2 % mensual capitalizable al momento de su entrega; reglas tendentes a desincentivar las prácticas que obstaculicen la emisión de una resolución en un juicio laboral.
Para el máximo tribunal la modificación al referido artículo legal respeta el principio de progresividad establecido en el precepto 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), toda vez que no desconoce los derechos humanos de los colaboradores; y en su caso, la normatividad laboral continúa protegiendo la acción por despido injustificado al prever la posibilidad de que los colaboradores separados demanden la reinstalación o la indemnización de tres meses de salario.
Con lo anterior la Corte ratifica la intención del legislador de que con tal cambio los demandantes en un juicio en materia del trabajo alcancen la reparación del daño en un tiempo menor, aunque esto implique el deber de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de darle celeridad a la emisión de los laudos de los procedimientos de su competencia.
- con la rendición de protesta de 66 Jueces de Distrito en el Nuevo Proceso Penal Acusatoria en sesión solemne conjunta de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, recalcó que para ser juez no se requieren solo los conocimientos jurídicos, sino también ser sensibles al contexto actual.
Por su parte, el Ministro Franco González indicó que aunado a esos fenómenos delictivos, se suman el de la corrupción y la impunidad, de los cuales, los impartidotes de justicia no son del todo ajenos.
Además, destacó que, a cinco meses de que se cumpla el plazo fijado en la reforma constitucional de 2008 para la entrada en vigor a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal, el próximo 18 de junio, el CJF ha hecho un enorme esfuerzo para contar con toda la infraestructura humana, material y presupuestal, lista y funcionando en su integridad para esa fecha.
También subrayó que serán los juzgadores especializados en el nuevo proceso penal, quienes enfrentarán el reto de hacer eficaz ese nuevo sistema a nivel federal en toda la república, en el complicado contexto que vive el país.
Por su parte, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Consejera de la Judicatura Federal, dijo a los nuevos jueces, que ellos comenzarán a definir una nueva realidad del PJF, al integrarse al proyecto más importante realizado en los últimos 100 años de su historia, con la consolidación del nuevo sistema penal acusatorio en México.
Precisó que este sistema trae consigo aires de renovación, pues se trata de un nuevo paradigma diseñado para impartir justicia con un perfil mucho más humano, cercano y transparente. Les recordó que están obligados a salvaguardar los derechos de los imputados y las víctimas, pero sin jamás conducirse de manera soberbia o déspota, pues son servidores públicos y la autoridad y los nombramientos que reciben hoy no deben ser considerados como parte de su patrimonio personal.
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