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Jueves 24 de Julio de 2014
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Fecha de publicación: 2007-12-30

Régimen de cooperativas: constitucional

Algunos contribuyentes distintos a las cooperativas consideran que éstas tienen trato preferencial pero la SCJN ya ha fijado su postura

Las sociedades cooperativas adoptan una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, y pueden adoptar la modalidad de producción donde sus miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual (arts. 2o y 27 de la Ley General de Sociedades Mercantiles).

A su vez, el artículo 25, fracción V del Código Civil para el Distrito Federal señala que se consideran personas morales las sociedades cooperativas. Con esta definición, las cooperativas de producción deben tributar en el ISR, en el Título II de la LISR (art. 8o).

Con motivo de la reforma fiscal 2006, se estableció un régimen opcional en el ISR para las cooperativas de producción conformadas exclusivamente por personas físicas, cuya estructura jurídica quedó comprendida dentro del Título II, pero en el Capítulo VII-A, conformado por los artículos 85-A y 85-B de esa Ley. Los beneficios que se otorgan en este régimen no son otorgados a los contribuyentes del régimen general, pues se permite diferir la totalidad del tributo hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda y no efectuar pagos provisionales del impuesto. Con ello, algunos contribuyentes distintos a las sociedades cooperativas del citado Título II han considerado que se les da un trato preferencial a esos contribuyentes, a pesar de estar regulados en el mismo Título, y por ende, pretenden invocar la protección del amparo federal al suponer la violación a la garantía de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna.