Con el uso del buzón tributario, el SAT da un paso importante en eficacia, agilidad y ahorro de costos. Sin embargo, el uso de esta herramienta supone un serio reto para la mayoría de los contribuyentes quienes desconocen sus alcances; para la autoridad que en últimas fechas se ha manifestado incapaz de acometer los cambios tecnológicos en tan escaso tiempo, presentando varias fallas en sus sistemas y para los tribunales que deben analizar si el sistema de notificación electrónico actualmente regulado por el CFF es compatible con nuestro sistema jurídico.
La autoridad presume que si las personas morales han tramitado exitosamente su fiel, y presentaron todas sus declaraciones a través de medios electrónicos, es porque cuentan con los medios técnicos y conocimientos necesarios para hacer uso del buzón fiscal.
Cuando entre en vigor esta herramienta, iniciarán las auditorías y revisiones electrónicas, por lo que los pagadores de impuestos deberán manejar correctamente sus documentos electrónicos o digitales para atender los requerimientos de la autoridad e ingresar de manera continua a su buzón para detectar cualquier notificación por parte del SAT.
Como se aprecia en el siguiente esquema, aun cuando no se ingrese al buzón los actos podrán darse por notificados:
Las empresas que tienen encomendada su gestión tributaria a terceros, deben revisar con prontitud su esquema de trabajo para establecer responsabilidades y en su caso habilitar en la página del SAT una cuenta de correo propio en el cual deberán recibirse las notificaciones.
Al implementar el uso de medios electrónicos en las disposiciones tributarias y administrativas, la autoridad ha tenido cuidado de no apartarse sustancialmente de los principios que rigen las notificaciones. Con esta medida, además de respetar los derechos y garantías de los contribuyentes, se garantiza la eficacia de la mayor parte de los actos administrativos.
La correcta notificación es esencial para que surta efectos el acto que se pretende dar a conocer al ciudadano, y para que los interesados estén en posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, principalmente cuando se trata de notificar sanciones.
Si bien las autoridades fiscales pretenden una actuación más eficaz, ignoraron las dificultades reales derivadas de la curva de aprendizaje y de la falta de recursos de las empresas, lo que puede ocasionarle que no logre su objetivo.
