Por: Isabel Mayoral Jiménez e Ivonne Vargas
A partir de 2014 la deducibilidad de las prestaciones sociales que otorgan las empresas a sus trabajadores pasará del 100% a sólo 53%, situación que precarizará aún más el mercado laboral y mermará el poder adquisitivo del sector formal de la economía, advirtieron expertos.
Actualmente, las compañías deducen el 100% de las prestaciones sociales adicionales al salario -que involucran apoyos como el otorgamiento de seguro de gastos médicos mayores, vales de gasolina y de despensa y fondo de ahorro, entre otros- pero con la aprobación de la reforma fiscal por el Congreso habrá un impacto negativo en las empresas.
El límite de deducibilidad provocará que el trabajador registre una merma importante sobre el salario que percibe actualmente, debido a que sus prestaciones podrían ser menores, destacó el asociado y líder de la práctica de Consultoría del despacho de asesores laborales en Sales Boyoli, Bernardo Martínez.
Por su parte, el abogado Gabriel Pizá señaló que aunque la regla general es que no se pueden tocar ningún tipo de prestación, salvo una causa justificada -como ocurrió con la influenza en 2009, que provocó que por motivo de salud pública se redujeran las prestaciones para mantener las fuentes de trabajo-, no es descartable que las compañías intenten reducir éstas previsiones.
"En el mejor de los escenarios, las compañías podrían tratar de negociar con su sindicato para tratar de rasurar las prestaciones, pero reducirlas sería un camino espinoso, porque si no hay fundamentos legales caerá en la ilegalidad” comentó el especialista.
Asimismo, el rector del Colegio Jurista, Jorge Manrique, indicó que “la prestación se encuentra establecida en un contrato, que es un acuerdo de voluntades entre ambas partes. El patrón no puede decir: antes la tenías y ahora la quito por la reforma".
Hacer cambios en las prestaciones fuera de ley, previo a la aprobación de iniciativa, sólo sería viable si en el contrato estableció una cláusula que indique que el documento puede tener modificaciones de acuerdo a disposiciones fiscales establecidas en el país, confirmó el académico.
Sin embargo, la especialista en Economía de la Universidad del Valle de México, campus San Rafael, Rocío del Pilar Sánchez Madrid, alertó que las empresas podrían optar por generar contrataciones informales o temporales de entre tres y cuatro meses para evitar el impacto.
Con información de CNN Expansión
