Federalismo fiscal mexicano es disfuncional

Senadores aseguran que estados y municipios han sido irresponsables en el manejo de los recursos públicos

Senador Armando Ríos Piter (PRD)
 Senador Armando Ríos Piter (PRD)  (Foto: Redacción)

La deuda de los estados es un problema de primer nivel que tiene sus causas en un “federalismo fiscal disfuncional”, y en la ausencia de controles de la federación para intervenir en las entidades que se han sobre endeudado con “irresponsabilidad y abuso”, en detrimento de los contribuyentes, afirmó el senador Armando Ríos Piter (PRD):

Frente a los “feudos en los estados y municipios”, y la posibilidad de una regresión a un régimen presidencialista, “que goce de la discrecionalidad de los recursos públicos”, se requieren contrapesos institucionales, apuntó el legislador.

Ríos Piter presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública, a fin de establecer “criterios generales para la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos, egresos, y deuda en los tres niveles de gobierno”, detalló la Cámara alta en un comunicado.

El legislador sugirió que los estados y municipios pueden endeudarse libremente hasta que el monto del empréstito represente el 40% de la capacidad de pago, o en su caso que la cantidad contratada supere el 60% de las participaciones.

La propuesta “privilegia el equilibrio entre la soberanía de las entidades, y el principio de responsabilidad fiscal de las finanzas públicas”, a través de un Sistema Nacional de Deuda dirigido por la Cámara de Senadores.

Además, se establecen limitaciones para un uso correcto de la deuda en inversión productiva, y se restringe su uso en gasto corriente o con propósitos electorales.

Ríos propuso que los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio a la Hacienda pública federal, estatal o municipal, o al patrimonio de cualquier ente autónomo, “sean responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables”.

De igual forma, se plantea que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores imponga sanciones a las instituciones de crédito que otorguen créditos irregulares a gobiernos estatales o municipales.