La inmovilización de cuentas bancarias “se ha convertido en un caso grave de violación a los derechos de los contribuyentes” en México, considera la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
El Ombudsman fiscal ha detectado que las autoridades hacendarias del país incurren “de manera indiscriminada y desproporcional en la facultad de inmovilizar cuentas bancarias de los contribuyentes”.
Al respecto, el organismo ha emitido 11 recomendaciones sobre el tema, destacándose la forma y términos en los que la autoridad ordena la inmovilización de cuentas, lo cual “no coincide con el nuevo esquema constitucional de protección de los derechos fundamentales” en México, asegura la Prodecon.
“La forma excesiva en que las autoridades aplican esta medida trae consecuencias trascendentales para los contribuyentes: paralización de actividades económicas, afectación a la subsistencia del contribuyente o sus dependientes, desempleo e incluso, riesgo para el desarrollo económico del país”, explica el Ombudsman fiscal.
La Prodecon considera que la autoridad fiscal debe seguir un procedimiento minucioso para poder ordenar la inmovilización de una cuenta bancaria, además de que se deben incluir causales de responsabilidad administrativa y patrimonial “para las autoridades fiscales que ilegalmente ejecuten la inmovilización de cuentas”.
Si bien la Prodecon reconoce que la autoridad está facultada por ley para realizar la inmovilización de los depósitos y cuentas de los contribuyentes, ésta debe ejercerse “con la mayor reserva”.
